En respuesta al incremento en los delitos de lavado de activos, cohecho, financiamiento al terrorismo y receptación, desde el 20 de noviembre del 2018, se establece una nueva disposición legal sobre la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas contenidas en La Ley 20.393. En lo fundamental, aumenta las penas de los delitos de cohecho y soborno, tipifica los delitos de soborno entre particulares y de administración desleal, y agrega nuevos delitos a la ley N° 20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas. Este modelo se sustenta en cuatro pilares: designación del Encargado de Prevención de Delitos, asignación de recursos y facultades, establecimientos de un Sistema de Prevención de Delitos y la supervisión del Sistema de Prevención de Delitos. El Modelo de Prevención de Delitos (MPD) consiste en un proceso de prevención y monitoreo, a través de diversas actividades de control, sobre los procesos o actividades que se encuentran expuestas a los riesgos de comisión de los delitos señalados en la Ley N°20.393. Por lo tanto, es fundamental que los colaboradores conozcan e identifiquen el contexto de la Ley 20.393, naturaleza de los delitos y los procedimientos contenidos en el modelo, con el objetivo de cumplir, de forma irrestricta, con la normativa legal vigente y de esa manera poder asegurar el correcto funcionamiento de la personalidad jurídica.